Los próximos rounds en la guerra por Castilla (La Tercera, Fuente)

Los próximos rounds en la guerra por Castilla

Desconocidas negociaciones entre la empresa y la familia que se opone a la termoeléctrica, que pudieron destrabar hace meses la oposición hacia la central. Gestiones silenciosas del gobierno para sacar adelante el proyecto. Mensajes enviados por los opositores hasta el multimillonario brasileño Eike Batista. Esos son capítulos desconocidos en la pelea por el proyecto de US$ 4.400 millones.

por Nancy Castillo - 21/11/2010 - 11:22

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Sin la parka roja que vistió durante todo el rescate de los mineros en el yacimiento San José, la intendenta de Atacama, Ximena Matas, arribó el jueves a Santiago. Así comenzó otro capítulo desconocido en el proceso de aprobación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la Central Termoeléctrica Castilla, una inversión de US$ 4.400 millones para instalar a 80 kilómetros al suroeste de Copiapó la central a carbón y diésel más grande del país.

Otro de esos episodios, desconocidos hasta ahora, se produjo hace un año, cuando los abogados de la empresa MPX -dueña de Castilla- se aproximaron a los representantes de su principal detractor y quien ha liderado la campaña en contra de la termoeléctrica, el octogenario arquitecto Gonzalo Domínguez. El objetivo: alcanzar un acuerdo para desarticular la oposición.

Las reuniones comenzaron en julio de 2009, fueron a lo menos cinco y tuvieron lugar en las oficinas de Claro & Cía. y en las de Figueroa, Valenzuela y Cía. (representantes de Castilla y de los Domínguez, respectivamente). En noviembre de 2009, cuando ya habían ocurrido un par de citas, los representantes de la termoeléctrica recibieron una propuesta con cinco requerimientos. En un primer grupo estaban las demandas medioambientales al proyecto energético, las que serían especificadas luego de que las trabajaran con sus asesores técnicos. En un segundo, compensaciones patrimoniales: US$ 1,2 millón como reembolso de gastos incurridos por los Domínguez en la batalla contra Castilla; también se solicitó un predio costero colindante con el terreno de 138 hectáreas -con un kilómetro de costa- que la familia del arquitecto ya posee en esa zona, conocido como La Gaviota. El terreno requerido era de un tamaño similar al que tienen, según consta la demarcación en un plano.

Los Domínguez también pedían eliminar las cláusulas del contrato de compraventa que firmaron con Batista en 1997 y a través del cual regularizaron su derecho a propiedad. El arquitecto obtuvo el terreno a cambio de una casa que construyó para quien era dueño en los 60 de las 240 mil hectáreas de la Hacienda Castilla. Pero eso nunca se escrituró. En 1991 el multimillonario brasileño Eike Batista y dueño de MPX compró el lugar. Seis años después hicieron el contrato de compraventa en que se estipularon cláusulas como: de vender, el primer derecho a comprar lo tiene Batista; Domínguez no puede realizar actividades comerciales en su terreno, que es sólo para fines residenciales, y no podría oponerse a lo que Batista haga en su zona. Otra solicitud era que los camiones que trabajaran en la central no pasaran por el predio del clan, donde hoy tienen cinco casas y una capilla.

Gonzalo Domínguez dijo a Qué Pasa el viernes que MPX "no ha ofrecido nada. Yo no me vendo por plata", cuando le preguntaron si han intentado negociar con él. La Tercera consultó al abogado del arquitecto por estas negociaciones, los montos y terrenos involucrados. La respuesta de Carlos Figueroa Guzmán fue: "No hubo jamás un ofrecimiento de Castilla en cuanto a mitigar los impactos del proyecto, que es el principal aspecto que motivó la oposición de Gonzalo Domínguez". Las medidas habrían apuntado al control de emisiones y depósito de cenizas , entre otras.  
Sin embargo, cercanos a la empresa señalan que la razón por la cual ese acuerdo fracasó fue que ellos no accedieron a entregar un terreno de alto valor -por su potencial turístico- y que los Domínguez nunca explicitaron las medidas de mitigación.

Capítulo gobierno
El día anterior al viaje a Santiago la intendenta Matas presentó al recién nombrado seremi de Salud -el ginecólogo Nicolás Baeza- y luego presidió una reunión de la Corema. Las tres actividades estaban relacionadas con el dictamen que el lunes 15 emitió la Corte Suprema respecto de la termoeléctrica y en que ratificó como ilegal el cambio de calificación del proyecto de "contaminante" a "molesto" que en julio realizó el entonces seremi de Salud, Raúl Martínez.

Con ese calificativo, la Corema está obligada a rechazar el EIA. ¿Por qué el brasileño Batista también celebró el dictamen, entonces? La resolución de 10 carillas, que no entró al fondo del asunto -si es o no contaminante-, detalla la vía que debe utilizar la empresa para intentar revertir la resolución de enero. Se trata del recurso de invalidación, el que fue presentado este viernes por MPX ante el recién estrenado seremi Baeza. Como casi todo puede ser recusado en tribunales, el desenlace de Castilla no se ve cercano.

El actual gobierno está a favor de la generadora aunque prefieren no ser tan evidentes como cuando el 29 de octubre el ministro de Energía, Ricardo Raineri, dijo que se requerían centrales como HidroAysén y Castilla. Un error, se dijo, en La Moneda, pues en vez de enfatizar la necesidad de la diversificación de las fuentes energéticas, el ministro mostró la intención del gobierno.

El tamaño de la inversión o los megawatts con que nutrirá a proyectos mineros en la zona son parte de los argumentos que los ministros usan en privado cuando hablan de su respaldo a Castilla.
Pese a que ahora la pelota está en la cancha de un funcionario de gobierno, la solución no es tan simple. De ahí el viaje de la intendenta para evaluar alternativas para aprobarlo. Lo que se busca evitar, cuenta una fuente de gobierno, es que el segundo hombre más rico de América Latina desista. Las autoridades regionales, sin embargo, no estarían dispuestas a cargar con el costo político de modificar el dictamen de contaminante. Ni la intendenta ni el seremi aceptaron hablar con La Tercera.

Si el proyecto se votara hoy en la Corema, sería rechazado y la empresa tendría que apelar al Consejo de Ministros, quedando la definición en el gobierno central. En Palacio también se habría evaluado una tercera vía, "la amistosa" le llaman: en que MPX presenta un nuevo EIA, con menos turbinas. En la empresa dicen que les parece injusto ese camino, cuando, a su juicio, la resolución de "contaminante" se debe a un error de Salud. Agregan que no han conversado con el gobierno sobre cambiar el EIA.
 
Los últimos tres meses han sido intensos en MPX, desplegándose para convencer a autoridades y comunidades locales opositoras. Hace dos semanas fueron hasta la oficina de la senadora PS Isabel Allende. Ella los recibió con el diputado Alberto Robles (PRSD). "Les dije que no estoy de acuerdo con un proyecto de este tipo ni de esa magnitud", cuenta Allende. Robles agrega que la empresa les dio argumentos técnicos, pero que en este proceso interviene lo político: "Nombrar justo ahora al seremi, después de dos meses vacante, es como buscar un sastre para hacerse el traje a la medida".

Las cartas de los opositores
En el estudio de Figueroa preparan sus próximos pasos. En el gobierno y en la defensa de Castilla -esta faceta del caso está en manos del abogado Andrés Jana- apuestan a que Figueroa recurrirá nuevamente a tribunales. Por esa vía, el abogado logró que dos días duraran cuatro meses. Un proceso ambiental tiene un plazo de 180 días para ser aprobado o rechazado, pero cuando una parte está en problemas suele pedir que se congele el paso de los días. En el caso de Castilla, desde enero que le quedan sólo dos días. La empresa lo paralizó entre ese mes y mayo cuando  la calificaron como "contaminante" y Figueroa hizo lo propio con una orden de no innovar, cuando en julio estuvo a punto de aprobarse.

Los opositores no sólo siguen el camino legalista para impedir la instalación de la central. El senador PPD Guido Girardi cuenta que la semana pasada, aprovechando la presencia del PT brasileño José Dirceu en Santiago, le envió un recado al millonario brasileño: "Le pedí que le transmitiera a Batista que este proyecto va a afectar su imagen exterior, que era mucho mejor si lo cambiaba a uno basado en energías alternativas".

Aquí todos juegan sus cartas. Los abogados de Castilla ahora evalúan demandar -además- a Domínguez por la cláusula del contrato del 97 que dice que no puede oponerse a los proyectos de su vecino. La guerra ya es total.