Controversia por propuesta educativa en Texas

Panel de Educación de Estados Unidos debía decidir los parámetros para los programas de historia y estudios sociales que afectarán a unos 4,8 millones de estudiantes en escuelas públicas de Texas.

por AP - 21/05/2010 - 17:10

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  El Panel de Educación del Estado le daba ayer jueves los últimos toques a las nuevas directrices para los programas de estudios sociales de las escuelas de Texas, las que han sido criticadas por activistas que sostienen que las guías restan importancia a las enseñanzas sobre el movimiento de derechos civiles, la esclavitud en Estados Unidos y la separación entre iglesia y estado.

El panel debía decidir los parámetros para los programas de historia y estudios sociales que afectarán a unos 4,8 millones de estudiantes en escuelas públicas de Texas, uno de los estados más conservadores de Estados Unidos, por los próximos 10 años.

El republicano Don McLeroy, uno de los conservadores más activos en la discusión, planeaba introducir varias enmiendas que probablemente serían controversiales.

Una de ellas haría que los estudiantes dejaran de estudiar una decisión histórica de una corte federal tomada en 1949, según la cual las escuelas no pueden segregar a estudiantes mexico-estadounidenses, a pesar de que la práctica fue popular en Texas durante décadas.

McLeroy propondría reemplazar esa lección por una discusión sobre una decisión de la Corte Suprema del país que determinó que los gobiernos pueden confiscar propiedades para realizar desarrollos privados y otro caso en el que bomberos blancos alegaron que sus colegas afroamericanos menos calificados estaban siendo favorecidos en los ascensos.

El panel rechazó una nueva iniciativa que buscaba incluir a la líder laborista Dolores Huerta como un ejemplo de lo que debe ser un buen ciudadano en las clases de tercer grado.  Otra de las propuestas más controversiales bajaría el tono de las críticas a la persecución anticomunista del senador Joe McCarthy y las audiencias que sostuvo en la década de 1950. También describirían el financiamiento de programas de asistencia humanitaria e iniciativas climáticas que hace la Asamblea Nacional de la ONU como amenazas hacia las libertades individuales.