Ana María Stuven Historiadora
"Abran las puertas...". El grito desgarrador de los internos del 4º piso del módulo 5 de la cárcel de San Miguel, además de conmovedor, expresa, con una precisión casi poética, como la del famoso texto de los 33 mineros, la capacidad de síntesis que se apropia de quienes viven en una situación extrema. La frase resonó también en quienes formamos la Corporación Abriendo Puertas, dedicada al trabajo de acompañamiento y capacitación dentro del Centro Penitenciario Femenino.
En estos días, se ha impuesto mirar de frente los rostros de las personas privadas de libertad. El ministro de Justicia afirmó que la agenda de los derechos humanos está en las cárceles; el director nacional de Gendarmería guardó silencio ante la pregunta de si podría haberse evitado la tragedia. Ambos conocen la complejidad de un problema que requiere de reformas estructurales profundas; no basta la construcción de cárceles o tener más gendarmes, hay que evaluar las condiciones sociales detrás de la creación de un delincuente, y que interpelan a toda la ciudadanía a reflexionar y a redefinir el sentido de la "puerta giratoria". Tal vez, el drama del miércoles hace razonable invertir la ecuación, desde la denuncia porque el delincuente sale de la cárcel a aquella que se pregunta si debe entrar, quién debe entrar y en qué condiciones debe entrar. Para que la puerta giratoria no sea la que lleva de la calle a la muerte.
Queremos aportar antecedentes que complementen las exigencias con que la ética interpela las políticas públicas. Allí había l.961 internos; cabían 1.100. El Centro Penitenciario Femenino, única cárcel exclusivamente de mujeres en el país, alberga a 2.300 mujeres y tiene capacidad para l.200. ¿Qué significa que casi dos mujeres vivan donde cabe sólo una? Mayores niveles de angustia, contaminación delictual, agresividad, falta de acceso a higiene, salud, trabajo e intimidad. El lesbianismo extendido y creciente es una de sus expresiones.
¿Qué sentido tiene poner sobre la mesa un problema de género, frente a las demás urgencias? Desde la experiencia de 70 voluntarias acompañando y capacitando durante 10 años a un promedio de 300 internas por año, criticamos como simplista la ecuación de dos variables: delincuente y cárcel. Las rejas no bloquean el paso de la maldad a la bondad; ambas conviven también fuera, en una ciudad que es responsable de ellas.
Es imprescindible que la legislación que prescribe la privación de libertad y sus espacios, concebida desde una óptica exclusivamente masculina, incorpore criterios de género para enfrentar que la mujer se ha incorporado plenamente a delitos tipificados como masculinos (antiguamente era la prostitución). El microtráfico y/o los delitos vinculados con la droga son responsables de aproximadamente el 80% de las condenas que afectan a mujeres. Más del 50% de ellas son obreras no especializadas, o dueñas de casa; un 30%, comerciantes ambulantes. El 60% es única o altamente responsable del sustento de su grupo familiar, y el 79% ha sido madre por primera vez alrededor de los 20 años.
Los estudios carcelarios recién comienzan a discriminar por género. Por experiencia sabemos que la mayoría de las internas asocia su identidad con la maternidad; en consecuencia, su postura ante la vida, sus definiciones esenciales, sus motivaciones personales y prácticas, todas ellas las diferencian del mundo delictual masculino. La prisión tiene para la mujer efectos de pérdida de identidad y de sus vínculos primarios afectivos. Si consideramos un promedio de 3 a 4 hijos por interna, concluimos que una mujer, condenada por microtráfico, generalmente jefa de hogar y sin educación, deja a una familia a la deriva; sus hijos crecen con el síndrome del abandono afectivo y de sustento maternal. Esa mujer que abandona es generalmente también abandonada por sus parejas. En Colina, en cambio, las mujeres montan campamentos para estar cerca de los hombres recluidos.
Qué proponemos: desde lo más básico, como considerar el indulto de mujeres mayores y enfermas; tomar en cuenta que la replicabilidad social de una mujer privada de libertad es mayor que la de un hombre debido al rol que la sociedad asigna a la mujer en la familia, lo cual hace necesario estudiar la viabilidad de penas alternativas o de libertad vigilada. Finalmente, que el Estado y los particulares se atrevan a colaborar para la rehabilitación de personas que son en parte víctimas de las segregaciones y marginalidades de las cuales somos en parte responsables. Acompañar y capacitar a una interna y ayudarle a insertarse laboral y familiarmente es un compromiso ético que además tiene enorme repercusión social. Analizar la prisión femenina haría más complejo el debate sobre la delincuencia y los derechos de las personas.
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