Royalty minero: el caso de Australia

Iván Auger: Abogado y analista político

Australia es un país minero como Chile y en ella se encuentran las casas matrices de algunas de las trasnacionales mineras más grandes del mundo, que también tienen inversiones en nuestro país, como es el caso de BHP y Río Tinto en la mina de cobre Escondida.

Recientemente nuestro país sufrió una catástrofe, un terremoto, seguido de un tsunami. Australia ha tenido algunos problemas, en especial una sequía, pero que son menores en comparación con los nuestros.

En Chile se discute, y se duda, de subir el canon (royalty) minero, para financiar la reconstrucción porque habría un contrato ley entre el Estado de Chile y los inversionistas extranjeros de no subir los impuestos a la minería por un período fijo de años.

El gobierno propone uniformar y fusionar los tributos a la minería en lo que llama un impuesto a las súper ganancias en recursos naturales, es decir, a las compañías mineras, de un 40%, y Australia no ha sufrido un terremoto ni un tsunami.

Los cánones no son impuestos. Su origen se remonta al comienzo de la historia. Y se explica porque un derecho absoluto, como es el de dominio, no puede ejercerse, a la vez, por el propietario del bien raíz y quien adquiere el derecho a explotar un yacimiento. Son dos bienes distintos.

Ello dio origen a la fórmula del dominio eminente para la mina, que es el que se considera propio del Estado, por razón del bien común, con respecto a la propiedad privada.

Por ello se determinó que el soberano, de ahí viene la palabra royalty, que los ingleses tomaron del francés en la Edad Media, concede el derecho a explotar una mina a cambio del pago de un canon, palabra de origen griego. En un comienzo era en especie, es decir, en mineral y, hoy, es en dinero. Canon ahora se define como la prestación pecuniaria periódica que grava una concesión gubernativa o un disfrute en el dominio público, que incluye el eminente.

Mucho más tarde se crearon los impuestos a la renta o utilidades, que es una institución moderna.

Por consiguiente, aumentar un canon no es subir un impuesto y sostener que no pueden subirse sin el consentimiento de inversionistas privados, mediante la figura de los contratos leyes, es una pretensión inexistente en el orden jurídico occidental. Las autoridades representativas no pueden delegar la soberanía nacional porque reside en el pueblo, solamente pueden ejercerla.

Hoy día por lo general se combinan ambos, cánones e impuestos a la renta, y sus montos varían de un país a otro. El de Australia es el más alto, seguido de cerca por Brasil y Estados Unidos. En el caso australiano, es hoy un impuesto a las utilidades de las empresas, 30%, y royalties provinciales, que son difíciles de calcular porque tienen metodologías diferentes según el mineral y la provincia, pero algunos los calculan entre el 2% y el 8% de las utilidades,

El gobierno propone uniformar y fusionar los tributos a la minería en lo que llama un impuesto a las súper ganancias en recursos naturales, es decir, a las compañías mineras, de un 40%, y Australia no ha sufrido un terremoto ni un tsunami.

Contrariamente a lo que afirman algunos economistas, abogados y grupos de presión mineros, la influencia de esa carga en las inversiones es mínima. Y la razón es que los yacimientos mineros y los pozos petrolíferos están ubicados en lugares en que las decisiones humanas no tienen influencia.

Recuerdo que hace algunos años, en Roma, en una entrevista al director general de la ENI, la empresa de hidrocarburos italiana, un agresivo periodista norteamericano le preguntó que cómo era posible que estuviera invirtiendo en Irán. El entrevistado contestó que su obligación era abastecer de petróleo a Italia, que había explorado en Suiza con resultados negativos, pero que sí la había ido bien en la tierra de los ayatolas.

Esas son las diferencias entre desarrollo y subdesarrollo y en las consiguientes relaciones asimétricas que comienzan a invertirse o, a lo menos, a equilibrarse