La gestión ambiental en la era Bachelet
Entre los temas pendientes, se puede mencionar que en la era Bachelet la política de la desregulación y de priorizar lo económico por sobre lo ambiental -inaugurada en la era Frei y profundizada durante el gobierno de Lagos- se ha mantenido, lo que ha significado una agudización de los conflictos socioambientales y problemas institucionales.
Por Paola Vasconi R.*
Como todos los años, este 5 de junio conmemoramos el Día Mundial del Medio Ambiente. Sin embargo, este 2009 la fecha adquiere un tinte especial por tratarse del último bajo la presidencia de Michelle Bachelet.
Parece propicio, entonces, realizar un balance de lo que ha sido, hasta ahora, su gestión ambiental.
Desde que asumió su mandato en el 2006, la Presidenta ha cumplido parcialmente los compromisos ambientales asumidos en su programa de gobierno. Entre los logros alcanzados destaca el nombramiento de la primera Ministra de Medioambiente en el país y el envío al Congreso del Proyecto de Ley que Reforma la Institucionalidad Ambiental, creando el Ministerio de Medioambiente, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia de Fiscalización, iniciativa que ya superó su primer trámite constitucional e inició su discusión en el Senado. Sin embargo, resulta poco probable que esta Ley sea promulgada durante este período presidencial.
Entre los temas pendientes, se puede mencionar que en la era Bachelet la política de la desregulación y de priorizar lo económico por sobre lo ambiental -inaugurada en la era Frei y profundizada durante el gobierno de Lagos- se ha mantenido, lo que ha significado una agudización de los conflictos socioambientales y problemas institucionales.
En términos generales, el llamado "Gobierno Ciudadano" se ha caracterizado en materia ambiental por la toma de decisiones sin participación ciudadana. Instrumentos como el Plan de Acción de Cambio Climático, la Estrategia Nacional de Cuencas, la política de glaciares o la de químicos y la misma Reforma a la Institucionalidad, son políticas públicas que no fueron discutidas con los diversos actores, por lo que carecen de la mirada territorial/local, y difícilmente podrán responder adecuadamente a los problemas que enfrenta Chile y la ciudadanía en esta materia.
Es cierto que finalmente se aprobó la Ley de Bosque Nativo y Fomento Forestal. No obstante, su promulgación implicaba que, en el plazo de 9 meses, el Gobierno enviaría al Parlamento tres leyes complementarias destinadas a abordar el tema de la sustitución, las áreas silvestres y la institucionalidad, cosa que hasta la fecha no ha ocurrido. A esto se suma que, durante este período, no se han creado nuevas Áreas Silvestres Protegidas Marinas ni se ha implementado una institucionalidad dedicada a resguardar los recursos genéticos y ecosistemas prioritarios del país. Por otra parte, a pesar de que la Presidenta se comprometió explícitamente en su Programa de Gobierno a crear un Servicio de Conservación de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, cuestión reiterada en el Acuerdo de Chagual, el proyecto que reforma la institucionalidad ambiental dejó fuera su creación.
En materia energética se ha avanzado con el envío del proyecto que crea el Ministerio de Energía y la Agencia de Eficiencia Energética -actualmente en discusión en el Parlamento-, con la dictación de la Ley de Energía Renovable No Convencional (ERNC) y el fortalecimiento del Programa País Eficiencia Energética (PPEE). Sin embargo, estos instrumentos resultan insuficientes para disminuir la vulnerabilidad de la matriz y garantizar el suministro energético. Lo que es más grave, aún no existe una discusión sobre una política energética de largo plazo. Además, el Gobierno dio el vamos a los estudios enfocados en la energía nuclear, lo que, de paso, gatilló la ruptura del llamado Acuerdo de Chagual.
En este gobierno se ha acrecentado el proceso de desregulación ambiental que genera daños al patrimonio natural del país, y que no considera a las economías locales y los procesos ciudadanos, lo que nos lleva a la ausencia de participación efectiva, a la frustración y a la conflictividad. Este gobierno, al igual que los anteriores, ha entregado a los privados la resolución de los problemas ambientales del país y no asume su rol constitucional de velar por el derecho ciudadano de vivir en un ambiente libre de contaminación y proteger el patrimonio natural.
Respecto a un tema tan crucial como es el calentamiento global y el cambio climático, Chile enfrenta en desventaja los desafíos pendientes pues, si bien ha establecido una Estrategia y un Plan de Acción, estos instrumentos se han elaborado sin considerar las problemáticas territoriales y sin participación ciudadana, y lo que resulta más complejo, sin claridad sobre la forma y montos de financiamiento asociado a su implementación. Tanto la Estrategia como el Plan de Acción, no han tenido la fuerza para permear en la institucionalidad pública, para que ésta asuma efectivamente el desarrollo e implementación de políticas de mediano y largo plazo, en medidas orientadas a la reducción de emisiones y acciones que tiendan a frenar/mitigar los efectos del Cambio Climático. Estas deben situarse como eje central y ser la base de cualquier política pública, ya sea de este gobierno o el próximo.
Pese a que este análisis no abarca todos los compromisos ambientales asumidos por la Presidenta Michelle Bachelet, sí da cuenta de un panorama general. A poco más de nueve meses de finalizar el mandato de la presidenta Bachelet, todavía queda espacio para dar cumplimiento a los compromisos faltantes, y por sobre todo para generar espacios efectivos de participación ciudadana.
*Paola Vasconi R., Fundación Terram.
Atte.
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